Conflicto judicial en el comercio de lujo
Una prominente familia del sector del comercio de lujo en León ha decidido dirimir sus diferencias en los tribunales. La disputa, que involucra a dos hermanos, llevó al Juzgado de Instrucción número 2 de León a decretar el sobreseimiento provisional de la causa, en la que se acusaba a uno de ellos de administración desleal. Sin embargo, la jueza ha permitido que la parte demandante pueda presentar acciones civiles en el futuro. El monto en cuestión es de 512.000 euros, que incluye deudas por mercaderías y materias primas no pagadas.
Antecedentes del caso
La empresa familiar opera en dos sectores del comercio de lujo bajo la misma marca en la capital leonesa. La parte más conocida, relacionada con la joyería, tuvo que integrar al otro sector en 2018 debido a problemas financieros. La demandante ha afirmado que su hermano dejó de gestionar adecuadamente el negocio y que tiene una deuda de 500.000 euros, sin que se hayan logrado recuperar esos fondos.
Decisiones judiciales y argumentos
La sentencia inicial determinó que, tras revisar las explicaciones del demandado y la documentación presentada, no se encontró evidencia de que este hubiera actuado con intención de apropiarse de bienes de la empresa o que hubiera desviado su uso de acuerdo con los términos pactados. Asimismo, no se identificó un plan defraudador ni se constató una falta de diligencia que causara perjuicios a la sociedad.
Resolución de la Audiencia Provincial
La Audiencia Provincial, a través de su Sección Tercera, confirmó estos hallazgos al examinar un recurso interpuesto por la parte demandante. Se explicó que la primera rama del negocio había acordado un préstamo con la segunda, con el compromiso de gestionar las mercaderías vendidas sin obtener beneficios, lo cual tenía como objetivo reducir la deuda hasta que se formalizara la salida del hermano demandado de la sociedad.
Irregularidades fiscales y responsabilidades
En enero de 2022, se llevó a cabo una Junta General Extraordinaria donde se abordaron irregularidades detectadas por una inspección tributaria, que reveló facturas no declaradas por un total de 194.321 euros, lo que, incluyendo el IVA no devengado, ascendía a 235.178 euros. La Audiencia concluyó que, a pesar de ser administrador solidario, el demandado no había realizado actos de administración en la empresa, y que la responsabilidad de la contabilidad recaía sobre la parte demandante, quien había dirigido la empresa y había solicitado información sobre posibles irregularidades.
