Un hallazgo histórico en el Archivo General Militar de Ávila
Investigadores de la asociación asturiana La Trókola han localizado un proyecto de Estatuto de Autonomía que abarca las provincias de Asturias, León, Zamora y Salamanca, lo que ofrece una nueva visión sobre los debates sobre el autogobierno durante la Guerra Civil española. Este documento, encontrado en el Archivo General Militar de Ávila, no solo plantea un modelo de autogobierno para Asturias, sino que también establece una estructura institucional común para las cuatro provincias, tomando como referencia el antiguo Reino de Asturias y León.
Características del proyecto y su contexto
La investigación, liderada por el historiador y profesor Pablo Martínez Corral, sugiere que este texto, que se presume fue elaborado en julio de 1937, representa un proyecto jurídico de considerable desarrollo técnico, aunque carece de fecha y firma. No hay evidencia de que se haya aprobado oficialmente o enviado al Gobierno de la República, pero se considera un intento serio de establecer una autonomía en medio de la guerra.
El documento contiene dieciocho artículos junto con varias disposiciones transitorias, donde se define el territorio, se establece una ciudadanía regional, se diseñan instituciones legislativas y ejecutivas, se crea una Hacienda propia y se regula la administración de justicia, distribuyendo competencias entre la futura región autónoma y el Estado republicano.
Un modelo inédito de autonomía conjunta
El primer artículo del proyecto determina que la región autónoma estaría compuesta por las provincias de Oviedo (actual Asturias), León, Zamora y Salamanca. Este planteamiento es notable, ya que representa el primer proyecto conocido que propone una autonomía conjunta para estos territorios, especialmente en el contexto bélico en el que fue creado.
Es relevante señalar que, en el momento de la redacción, Zamora y Salamanca estaban bajo el control de fuerzas sublevadas, y gran parte de León no estaba administrada por el Consejo Interprovincial. Esto sugiere que el Estatuto no solo tenía la intención de organizar la administración de la zona republicana del norte, sino que también proyectaba una estructura territorial para un posible futuro tras una victoria republicana.
Una organización política regional bien definida
El proyecto detalla una organización política regional, incluyendo Cortes regionales, un presidente y un Consejo de Comisarios que se encargaría de las funciones ejecutivas. Las Cortes tendrían la potestad legislativa, mientras que el presidente representaría a la región ante la República. El Consejo de Comisarios asumiría las tareas de gobierno.
Los investigadores apuntan que el texto no buscaba ampliar las competencias de las diputaciones provinciales existentes, sino establecer un auténtico poder regional con capacidad normativa, administrativa y financiera. Además, se contemplaba la creación de una Hacienda regional, un Tribunal de Casación y un sistema de justicia propio, en línea con las competencias de la Constitución republicana de 1931.
Un enfoque electoral y competencias amplias
El sistema electoral propuesto era singular para la época, con elecciones a las Cortes regionales mediante sufragio universal, igual y secreto para todos los trabajadores mayores de dieciocho años. Las organizaciones sindicales jugarían un papel crucial en la elaboración y control del censo electoral.
El Estatuto atribuía al futuro gobierno regional competencias en diversas áreas, como organización municipal, obras públicas, red ferroviaria, agricultura, sanidad y educación, además de la capacidad de intervenir en la economía a través de expropiaciones y socialización de recursos. También se contemplaba la creación de instituciones culturales y la gestión de servicios públicos.
Aspectos financieros y recursos del autogobierno
El apartado financiero del proyecto establecía que la Hacienda regional obtendría ingresos de impuestos cedidos por el Estado, participación en tributos estatales, y recursos naturales. Se preveía la posibilidad de emitir deuda interior, aunque el crédito internacional dependería de la autorización del Gobierno republicano.
Este descubrimiento resalta la complejidad y ambición del proyecto de Estatuto, que, a pesar de las circunstancias de guerra, buscaba establecer un modelo de autogobierno con una sólida base institucional.
Según reportó el medio La Nueva España, el hallazgo pone de relieve las aspiraciones de autogobierno que existían en un momento histórico crucial para España.
