El Foro de Abogacía y Democracia ha presentado una denuncia contra José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso, por sus polémicas declaraciones en un programa de televisión donde sugirió que se debía «cazar» a los migrantes que ingresaron a Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio. Esta denuncia se suma a otra presentada anteriormente por el partido Compromís ante la fiscalía por razones similares.
Según el escrito, que ha sido accesible para Europa Press, se solicita que Figaredo sea citado como investigado por posibles delitos de odio y contra la dignidad de grupos vulnerables. La denuncia incluye una recopilación de mensajes y declaraciones que Figaredo ha hecho en redes sociales y medios de comunicación, donde ha utilizado términos como «cazar» o «pescar» para referirse a los migrantes, a los cuales también ha calificado de «invasores».
Lenguaje que incita al odio
La denuncia argumenta que el lenguaje utilizado por Figaredo presenta a los migrantes como objetos de persecución y captura, utilizando expresiones como «cogerlos a todos» y «pescar». El Foro considera que este tipo de terminología puede menoscabar la dignidad de estas personas y perpetuar la idea de que son un grupo amenazante que merece un trato coercitivo, lo que podría fomentar el odio y la discriminación hacia ellos.
Referencias a la militarización del control migratorio
Figaredo, según la denuncia, también hizo un llamado a desplegar a las Fuerzas Armadas para gestionar la llegada de migrantes, afirmando que «hay que meter al Ejército, cogerlos a todos y devolverlos al sitio del que han venido». Estas declaraciones han sido interpretadas como una amenaza hacia un colectivo que, en su mayoría, se encuentra en situaciones de vulnerabilidad.
El Foro de Abogacía y Democracia destaca que durante los días mencionados ocurrieron «entradas masivas de personas migrantes», muchas de ellas menores de edad, que arriesgaron sus vidas en condiciones peligrosas. La denuncia recuerda que estas personas poseen derechos fundamentales y dignidad inherente, independientemente de su situación migratoria, y que los poderes públicos tienen la obligación de proteger sus derechos en situaciones de vulnerabilidad.
