Sentencia del Juzgado de León
El Juzgado número 8 de lo Civil de León, especializado en asuntos mercantiles, ha declarado culpable la quiebra de la Cooperativa de Leche Lar, responsabilizando a Luis Carlos Fernández, quien fue su gerente durante 24 años. La sentencia establece que Fernández actuó como administrador de hecho y que irregularidades contables graves contribuyeron a la insolvencia de la cooperativa.
Consecuencias de la Sentencia
El fallo judicial impone a Fernández una inhabilitación de siete años para gestionar bienes ajenos o representar a terceros. Además, se le ordena reembolsar 375.624,33 euros, que corresponden a sus remuneraciones brutas desde 2021 hasta su salida en agosto de 2024, justo antes de que se hiciera pública la crítica situación financiera de la entidad. También deberá cubrir las costas del proceso, aunque la sentencia no es firme y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de León.
Irregularidades Contables
Según informa Diario de León, la jueza ha aceptado esencialmente las conclusiones de la administración concursal, que reveló que las cuentas de la cooperativa incluían alrededor de seis millones de euros en existencias y derechos de cobro que eran ficticios o estaban sobrevalorados. Estas cifras se mantuvieron como activos durante varios ejercicios fiscales hasta su corrección antes de la solicitud de concurso en 2025, tras ser detectadas en 2024.
Estado Financiero de la Cooperativa
La revisión contable puso de manifiesto un deterioro patrimonial significativo. La sentencia indica que la cooperativa tenía un déficit superior a 7,6 millones de euros, con activos valorados en aproximadamente 3,8 millones frente a una deuda total de 11,4 millones. El informe concursal también destaca un aumento en la dependencia de financiamiento a corto plazo, que pasó del 58% en 2020 al 75% en 2023, lo que contribuyó a su colapso financiero.
Rol de Luis Carlos Fernández
La sentencia sostiene que Fernández tenía «total autonomía» y capacidad decisional, lo que le permitió dirigir la cooperativa de facto, a pesar de no tener el título formal de administrador. Era él quien gestionaba relaciones con entidades financieras y auditores, y quien validaba la contabilidad que incluía activos inexistentes. No informó al Consejo Rector sobre la situación real de insolvencia, que, según el informe concursal, ya era evidente desde 2021.
Responsabilidad del Consejo Rector
A diferencia de lo que solicitaba el Grupo Leche Río, el juzgado no extiende la responsabilidad a los miembros del Consejo Rector, argumentando que eran agricultores sin formación financiera, contable o jurídica, que confiaban plenamente en el gerente. Además, se señala que el actual Consejo Rector asumió su cargo en 2024, cuando gran parte de los problemas ya se habían producido, y actuaron adecuadamente al conocer la magnitud de la crisis.
Impacto en la Cooperativa
Cuando Fernández dejó la gerencia alegando motivos personales, la nueva dirección se mostró optimista sobre la posibilidad de que la cooperativa superara sus problemas financieros, sin considerar la opción de solicitar un concurso de acreedores. La cooperativa, que contaba con 16 empleados y mantenía su actividad en la recogida de leche, se enfrentó a la difícil tarea de reestructurarse tras la crisis.
La situación de Leche Lar, una de las cooperativas más emblemáticas de la comarca del Órbigo, se ve complicanada por la existencia de activos ficticios que ocultaron la realidad del desequilibrio económico. Esta crisis representa un duro golpe para una entidad que había reunido a más de 300 socios y generado ingresos anuales de entre 15 y 20 millones de euros.
La calificación culpable del concurso y la responsabilidad de Fernández se inscriben en un procedimiento concursal que determina responsabilidades civiles y mercantiles, sin implicar condenas penales.
